Según publica hoy el diario El País, el Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia de Inspección y Control de la Cadena Alimentaria, está investigando si existen irregularidades y prácticas abusivas en las políticas de contratación en la compra y en el pago de la uva. Esta actuación se ha puesto en marcha por la existencia varias denuncias por parte de organizaciones agrarias sobre el desarrollo de una vendimia con ausencia generalizada de contratos, en contra de lo que contempla la Ley sobre la Cadena Alimentaria.
Para el responsable de la división vitivinícola de la organización agraria COAG, Alejandro García-Gasco, las bodegas están incumpliendo de forma generalizada la exigencia de comprar la uva bajo un contrato, a unos precios y plazos fijados con anterioridad en medio de la indefensión de los viticultores y simplemente con la información sobre los precios que figura en las tablillas de las bodegas.
Desde el sector se denuncia también el retraso abusivo de los pagos con aplazamientos de varios meses. García-Gasco señala que el hecho de estar ante una campaña elevada y la existencia de excedentes están propiciando mayores abusos por parte de las bodegas sobre unos viticultores muy necesitados de vender la uva.
